En un nuevo paso hacia la digitalización plena de todos sus procesos, el Tribunal de Cuentas del Chaco presentó ante la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de ley de Expediente Electrónico, un instrumento relevante que contiene un conjunto de normas que darán validez jurídica a expedientes, firmas, comunicaciones y todo tipo de instrumentos que son parte de las funciones del organismo.
La presentación de la iniciativa se realizó antes de la sesión ordinaria de este miércoles en la Legislatura, ante diputados y diputadas de todas las bancadas, fueron recibidos por la Presidenta de la Camara de Diputados Carmen Noemi Delgado, la Vicepresidenta Adelaida susana Maggio, los diputados Iván Gyoker, Katia Blanc, Nicolas Slimel; Atlanto Honcheruk, Edgardo Reguera, Ruben Omar Guillon y María Luisa Chomiac y estuvo a cargo de los cuatro vocales que conforman el Tribunal: la presidenta, Cra. Fermina Beatriz Bogado junto a Cr. Juan José Fuentes Castillo, Cra. Elda Pértile y Dr. Oscar Alfredo Cáceres.
Tras la exposición de los principales detalles, los vocales quedaron a disposición para realizar, durante el trámite legislativo, todos los aportes necesarios que sean requeridos por los diputados.
Algunos detalles relevantes
El proyecto de ley de Expediente Electrónico para digitalizar todos los procesos en el ámbito del Tribunal de Cuentas fue diseñado íntegramente por la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo.
Según los lineamientos generales incluidos en el texto, la digitalización abarcará la totalidad de los actos procesales que integran los distintos procesos de control y jurisdiccionales, priorizando y persiguiendo despapelizar los mismos en el futuro, con una etapa previa de transición.
La reglamentación normativa, en tanto, corresponderá al Tribunal de Cuentas, con el dictado de las normas complementarias y/o aclaratorias que resulten necesarias para su utilización y gradual implementación.
Esta modernización que se promueve –indica el proyecto- deberá asegurar “la accesibilidad, disponibilidad, integridad, transparencia, autenticidad, neutralidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad” de los datos e información utilizados.
En cuando a la legalidad y adaptabilidad de las normas procesales, se reconoce al Expediente Electrónico idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, debiendo resguardarse en su tramitación las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso y defensa en juicio.
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